Polémica en Bolivia por decreto que exime de responsabilidad penal a los miembros de la fuerza pública que repriman las protestas

Según el decreto, el personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal, cuando en cumplimiento de sus funciones actúen en legítima defensa o estado de necesidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por esta práctica. A través de su cuenta en Twitter expresó que “el grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estipula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH”, indicó la CIDH.

La administración interina de Bolivia salió al paso de las declaraciones de la CIDh y a través del ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, expresó que “de ninguna manera (el decreto) se transforma en una licencia para matar”, sino que es “un elemento disuasivo” que busca “evitar la confrontación”.

La CIDH reveló cifras sobre las victimas que dejan las protestas tras los comicios presidenciales del 20 de octubre en Bolivia. Según el organismo, 23 personas murieron y 720 resultaron heridas.

En entrevista con la agencia de noticias EFE, Evo Morales dijo tener “miedo” de tener una guerra civil en Bolivia, y aseguró que tiene información de que hay infiltrados en las protestas.

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