Se trata de la ley SE-168, una legislación que prohíbe las llamadas ‘Ciudades Santuario’, que rechazan colaborar con las autoridades migratorias en su proceso de deportar indocumentados.
En un plazo de 3 meses, todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía deberá comenzar una colaboración activa con ICE o de lo contrario serán penalizados.
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